El director de la Fundación, Ángel de la Fuentes, afirma que el pacto PSOE-Sumar es un riesgo para “el crecimiento, el empleo y las cuentas públicas”
El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuentes, ha presentado una auténtica enmienda a la totalidad de los acuerdos económicos de PSOE y Podemos. De lo que supondrá la guía de las políticas económicas del Gobierno de Pedro Sánchez. Un documento extenso y detallado que avisa de los peligros para la cohesión social que suponen los acuerdos con Cataluña y País Vasco; o el riesgo para el crecimiento económico y el empleo que representan la subida del SMI o la reducción de la jornada laboral. Y que califica los impuestos a la banca y eléctricas como “multas” a sectores que el Ejecutivo considera “antipáticos”.
“Llama la atención, en particular, la decisión de convertir en permanentes los gravámenes sobre la banca y las energéticas, que se habían justificado apelando a la existencia de beneficios extraordinarios. Su conversión en exacciones permanentes supone admitir que estamos en realidad ante multas a sectores que le resultan antipáticos a los socios de Gobierno, en vez de ante impuestos en el sentido habitual del término, pues estos deberían gravar la capacidad económica de acuerdo con reglas uniformes para todos”, expone en concreto De la Fuente, uno de los economistas más reputados de España.
Así lo trasladó ayer la Comisión Europea, que publicó su valoración sobre el Plan Presupuestario remitido por el Ejecutivo entonces en funciones a mediados de pasado mes, y que alertó, además, de que la situación fiscal del país es «muy difícil» con una deuda pública que, efectivamente, es «muy elevada». En concreto, y según las estimaciones europeas, en 2024 el pasivo todavía estará en el 106,5% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que el Ejecutivo prevé que la cifra sea del 103,3%. En cualquier caso, magnitudes muy elevadas en ambos datos y muy por encima del 60% del valor de referencia que se establece en el Tratado de la UE.
Esta referencia del 60% del PIB, cierto es, se antoja casi surrealista viendo los niveles en las que están instaladas las economías más endeudadas de la UE como Italia, Francia o la propia España, todas ellas muy por encima del 100% de deuda. Pero precisamente por eso se habla de un plan de medio plazo «creíble», en el que se plantee una reducción de pasivo real. Para que cuando se produzca la próxima recesión, España tenga una mayor capacidad de reacción, más espacio fiscal con el que desplegar medidas de ayuda. Esto es, justo lo contrario de lo que ocurrió con la crisis derivada de la pandemia, cuando la economía española tuvo comparativamente una menos capacidad de actuación.
«Contribuir a reducir la inflación, mejorar la sostenibilidad de la deuda y reconstituir las reservas tras el gasto público a gran escala durante la pandemia y la crisis energética», resumió el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, en una advertencia recogida por Europa Press que destinó al conjunto de los Estados miembro, y que es perfectamente aplicable para el caso concreto de España.
Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, ya se ha apuntado, siempre se ha mostrado ajeno a estas exigencias. Casi como si no le interpelasen directamente. El discurso oficial es que el Ejecutivo está comprometido con la consolidación fiscal, que la deuda se está reduciendo, pero está corrección se produce simplemente por el crecimiento de la economía: a mayor repunte de PIB, la cifra relativa se contiene. No hay, ni mucho menos, un plan concreto para la rebaja del pasivo, y la petición de la Comisión es la enésima prueba de ello.
La reducción del déficit prevista para el próximo año se debe, igualmente, al final de la mayor parte de ayudas contra la inflación y no a un esfuerzo enfocado en la contención. La Comisión así lo apuntó también ayer, al tiempo que avisó de que, incluso así, la desviación presupuestaria superará el límite del 3% que se contiene en las reglas fiscales que volverán en 2024. Bruselas estima que el dato sea, en concreto, del 3,2% mientras que el Ejecutivo afirma que sí retrocederá hasta el 3%.
En Europa también preocupa la promesa que realizó Sánchez durante su discurso de investidura, y según la cual se mantendrá la rebaja del IVA sobre los alimentos. Por ello, Bruselas pide más «detalles» de esa medida, «detalles» que quiere que se incluyan en un Plan Presupuestario actualizado que el Ejecutivo deberá remitir «lo antes posible» a la Comisión.
