La subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, sube hasta el 3,4%, la mayor desde septiembre de 2008; y las pensiones se pueden encarecer en 8.000 millones más
Hoy más que nunca se pone de relieve cómo la inflación se convierte en el denominado impuesto de los pobres, ya que golpea más duramente al pequeño ahorrador, a los que cuentan con salarios más reducidos y a los pensionistas.
Los precios comenzaron a escalar en España a la vuelta del verano de 2021 impulsados fundamentalmente por el precio de la energía, con lo que el IPC medio anual cerró el ejercicio pasado en el 3,1% tras haber llegado a estar en negativo en el año. Pero lo que parecía un aumento muy coyuntural cuyos efectos desaparecerían en primavera, según los primeros cálculos de los analistas, se ha convertido en una auténtica pesadilla para la cesta de la compra, por los efectos de la guerra en Ucrania, que ya ha cumplido un mes.
El dato de inflación adelantada publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de marzo, se encarama en una tasa interanual del 9,8%, muy próximo al nivel psicológico de los dos dígitos, tras un aumento mensual del 3%, lo que sitúa a esta cifra en la más elevada desde la registrada en mayo de 1985. Han tenido que pasar 36 años, para ver este descontrol de los precios en España, aunque todo indica que esta escalada no se frenará aquí, en incluso podría alcanzar en breve los dos dígitos e incluso superarlos en alguna “decimilla”. El dato conocido supera en 2,2 puntos la tasa del mes de febrero del 7,6%.
Y es que detrás de esta evolución siguen pesando factores geopolíticos externos como la duración de la guerra en Ucrania y el tensionamiento de los precios de productos estratégicos como el petróleo o el gas, que distorsionan completamente los precios del componente energético, lo que se manifiesta en alzas de precios de la electricidad, los carburantes y combustibles y por efecto inducido los alimentos y las bebidas no alcohólicas. En este sentido, los efectos de segunda ronda también están desempeñando un papel destacado en la consolidación de precios que pudieran considerarse puntuales. De ahí la continuidad de los mensajes por parte del gobernador del Banco de España para que se alcance un pacto de rentas que mitigue esta escalada.
La tasa subyacente, que mide la evolución de los precios, eliminando los alimentos frescos y los productos energéticos, alcanzó en marzo una tasa interanual del 3,4%, aumentó cuatro décimas más que en febrero. Un dato que lejos de tranquilizar acerca de la evolución futura, anticipa tensiones alcistas en el indicador general a lo largo de los próximos meses.
El tsunami al que se están viendo sometidos los precios de todos los productos de la cesta de la compra tienen como efecto más directo en la ciudadanía una clara y cada vez más honda pérdida de poder adquisitivo. Esto es, que con el mismo dinero se pueden comprar menos cosas. Esta caída del poder de compra se deja sentir especialmente en las rentas salariales y en los ahorros de familias y empresas.
Así es relativamente fácil hacer una aproximación cuantificable del dinero que podría suponer este impacto de la escalada inflacionista en dichas rentas y que podría rondar los 70.000 millones de euros de merma en el poder de compra de los salarios y los depósitos. ¿Cómo se llega a esa cifra?
Lo primero que se debe concretar para hacer este cálculo es cuánto se han encarecido los precios y para ello, lo más justo es tomar no solo el dato del mes –en este caso marzo, 9,8%– sino determinar cuánto han subido los precios en promedio en los últimos doce meses. Esto arrojaría un aumento medido del IPC que roza el 4,9% entre abril de 2021 y marzo de 2022.
Una vez calculada esta cuestión, se toman los datos de rentas salariales incluidos en los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral, que también elabora el INE, y que muestran que la masa salarial anual del país asciende a un entorno de cerca de 600.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos a final de año pasado para 8,3 millones de asalariados –que aumentarán hasta el entorno de los 10 millones a lo largo de este año por retrasos en el registro de convenios– fue del 1,47% y que en lo que va de año este incremento supera ligeramente el 2%, podría decirse que estos trabajadores según la inflación media de los últimos doce meses (que roza el 5%) están perdiendo entre 3 y 3,5 puntos de poder de compra. Esto se traduce en una pérdida de poder adquisitivo de entre 18.000 y 21.000 millones de euros.
Además, las perspectivas salariales no son mucho mejores y, en el mejor de los casos, si patronal y sindicatos llegan al acuerdo plurianual de convenios del que están hablando, la recomendación de incremento retributivo para este año sería de alrededor del 3%, con lo que ante la incertidumbre de cómo evolucionarán los precios, si continúa la espiral inflacionista podría comerse esa pequeña mejora de los salarios a lo largo de este año. Así, la citada pérdida cercana a los 20.000 millones en rentas salariales por el impacto de la inflación se situaría incluso en la banda baja de las posibles pérdidas.
La siguiente cuenta es aún más sencilla, España cuenta con poco más que un billón de euros en ahorros depositados en cuentas corrientes. Este dinero no está prácticamente retribuido por lo que el impacto cercano al 5% sería completo, mermando una cantidad aproximada a los 50.000 millones de euros de la capacidad de compra de los ahorros de los españoles. Con la suma de ambas cuantías se obtiene el citado coste de 70.000 millones en rentas salariales y ahorros.
Dentro del impacto monetario de la escalada inflacionista se encuentra también el encarecimiento de la nómina de las pensiones, cuya revalorización según el IPC anual promedio, en este caso, de diciembre de 2021 y noviembre de 2022 está garantizado por ley. Si esto se cumple, hará que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo a pesar de que los precios sigan desbocados, ahora bien, la factura para las arcas públicas de esta revalorización podría elevarse hasta los 8.000 millones adicionales si el IPC medio anual se mantuviese en el 5% de los últimos doce meses.
El repunte de los precios de 2021 que acabó en el 6,5% supuso un incremento en frío en el IRPF de 4.110 millones de euros, 199 euros más por contribuyente.
Las medidas de choque evitarán el doble dígito
El director general de Funcas, Carlos Ocaña, considera que el plan de choque que ha aprobado el Gobierno amortiguará en un punto el aumento el IPC para este año con lo que se evitaría llegar a tasas de doble dígito. El director de coyuntura de esta fundación, Raymond Torres estima que las medidas del Gobierno pueden situar la inflación en máximos entre marzo y abril.
Jakob Suwalski y Giulia Branz, analistas de Scope Ratings, prevén para 2022 que la tasa de inflación superará el 5% “incluso en un escenario de convergencia gradual hacia el objetivo del BCE del 2% a finales de año”. Si el escenario es de continuación de las presiones de precios la tasa anual se situaría en promedio en el 8%. Consideran que una subida de tipos del BCE no abordaría directamente los efectos inflacionistas.
