La mayor parte de las inversiones en el último año han esquivado España, en favor del norte del Europa
Hace solo diez meses que la Comisión Europea lanzó un plan específico de 15 acciones para acelerar el despliegue de todos los eslabones de la cadena de producción de aerogeneradores, con el fin de hacer frente a la competencia china —sus turbinas cuestan la mitad que las europeas—.
Desde entonces, el reguero de financiación ha sido cuantioso: 4.000 millones de euros para tecnologías de descarbonización (incluida la eólica) y 5.000 en garantías del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para impulsar inversiones concretas en la cadena —500 millones se fueron al Deutsche Bank, para invertir en la industria y en parques; 450 millones se destinaron a Prysmian, el fabricante italiano de cables de conexión para la eólica marina; y 35 millones en préstamos verdes pusieron rumbo este mismo mes hacia España, con destino a Haizea Wind Group, la empresa vasca que fabrica piezas de los molinos—.
A pesar de que el grifo de la financiación se ha abierto, lo cierto es que desde octubre del 2023, la mayor parte de las inversiones han esquivado España. ¿A dónde han ido? Se ha movilizado dinero en factorías de aerogeneradores en Polonia —de Vestas—, Dinamarca e Italia; también ha habido ayudas para el desarrollo de la cadena de eólica marina en los Países Bajos, Alemania y Dinamarca; para fábricas de cableado en Francia, los Países Bajos, Suecia, Finlandia, Italia y Grecia.
Fabricantes bajo amenaza
Pero ¿en España? Aquí solo se ha invertido en una fábrica en Cádiz para desarrollar equipamiento de la red, según ha dado a conocer la patronal eólica europea, Wind Europe. «Estamos viendo por fin que se ponen en marcha instrumentos de financiación para los fabricantes eólicos europeos. Sin embargo, la cadena de suministro sigue amenazada por un nivel creciente de competencia desleal desde fuera de Europa», denuncia su directo de Asuntos Industriales, Phil Cole, quien recuerda que las empresas chinas están vendiendo aerogeneradores con precios entre un 30 y un 50% más bajos que los europeos y con aplazamientos en el cobro de facturas de hasta tres años.
