- Son actividades en las que la pérdida de facultades físicas afecta al trabajador y al resto
- Los sindicatos buscan indicadores para medir la “penosidad” de las actividades
- Saiz inicia la reforma para ampliar el número de jubilados que cobran salario y pensión
El Gobierno prepara con patronal y sindicatos una reforma de la jubilación anticipada por trabajos de especial penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubres. El borrador que prepara el cambio normativo sienta las bases para ampliar la jubilación anticipada por motivos de peligrosidad: aquellos en los que el deterioro de los capacidades físicas, como la agilidad o la vista, se convierten en un riesgo para el propio trabajador y para el resto. Un ejemplo que traslada Cristina Estévez, negociadora de UGT, es el de un conductor profesional con un deterioro de su vista y reflejos. Sin embargo, los sindicatos aun buscan la fórmula para encontrar indicadores objetivos que justifiquen una mejora también en la jubilación de trabajadores en actividades consideradas “penosas”.
Son ocho los grupos profesionales que pueden jubilarse anticipadamente: Estatuto de los Mineros, personal de vuelo de trabajadores aéreos, trabajadores ferroviarios, taurinos, artistas, bomberos, y cuerpos de la Eirtzaintza y la Policía Local. Los coeficientes para el retiro anticipado se aplican en consideración de actividades que no tienen trabajo sustitutivo y el solicitante no puede ser recolocado. Este indicador establece los años que puede el trabajador puede adelantar su jubilación, sin ver penalizada su prestación y se actualizará a los diez años.
La Seguridad Social propone varias fórmulas para ampliar este espectro de trabajadores que pueden acceder al retiro anticipado. El primer método, calculando el gasto total en bajas del determinado grupo de edad y género sobre la suma de cotizaciones sociales abonadas. La segunda fórmula relacionaría las bajas entre el total de trabajadores en riesgo. La tercera mediría la mortalidad sobre el total de trabajadores en esa actividad (multiplicado por mil).
Previamente se evaluará la siniestralidad, penosidad, peligrosidad o toxicidad de los trabajos por sectores a partir de estudios que elaborará un equipo formado por el Ministerio, los agentes sociales y la Inspección de Trabajo. Es en este punto donde los sindicatos quieren convencer al Gobierno sobre la forma de medir la “penosidad”.
Además, la propuesta conjunta de UGT y CCOO apuesta por tener en mayor consideración a las profesiones con mayor presencia femenina y relacionarlo con el factor de la edad de inmediato, y no tras un año de evaluación como propone el Gobierno.
En todo caso, miembros del diálogo social presuponen que el coste es nulo para la Seguridad Social. Los trabajadores en los citados regímenes ya abonan una cotización adicional durante el periodo ocupado en la actividad penosa o peligrosa.
Sindicatos minoritarios
Algunos sindicatos minoritarios presionan para ganar influencia en la jubilación anticipada. La portavoz del departamento jurídico de la Confederación General del Trabajo (CGT), Silvia G. Arribas, señala que “las consecuencias de actividades anteriores no son tenidas en cuenta”. Desde UGT apuntan que la alternativa, si se puede demostrar la enfermedad, son las jubilaciones por incapacidad.
Con la normativa vigente, un trabajador puede acreditar etapas previas en ocupaciones de especial penosidad que justifiquen el adelanto del retiro sin merma de pensión, siempre y cuando el trabajador esté dado de alta los 12 meses previos a la solicitud. Desde el diálogo social confirman que esta exigencia se mantiene inalterada en el borrador presentado.
El borrador limita la solicitud y participación en el procedimiento a los sindicatos más representativos a nivel estatal y autonómico, mientras expertos jurídicos aluden a dos sentencias del Tribunal Supremo, de 2012 y de 2023, que anulan la expresión ‘más representativos’. “Según el Tribunal Constitucional, la promoción de los intereses de los trabajadores corresponde, sin distinción, a todos los sindicatos”, explican desde CGT.
