Los precios subieron dos décimas más de lo que el Instituto había adelantado
El Instituto Nacional de Estadística (INE) corrigió este viernes el dato de inflación de febrero al anunciar que los precios subieron en verdad un 7,6%, el mayor incremento desde el mes de diciembre de 1986, en el que IPC repuntó un 8,3%.
El INE había adelantado a cierre de febrero que el Índice de Precios al Consumo (IPC) habían subido un 7,4% interanual en el mes de febrero, récord desde 1989, por el encarecimiento sin parangón de la energía y el alza de precios de los alimentos y otros bienes y servicios.
Los costes asociados a la vivienda, como la electricidad, fueron los principales responsables del incremento al dispararse un 25,4% en febrero; seguidos del precio del transporte (+12,8%) por el incremento de las gasolinas y gasóleo; y de los alimentos y bebidas no alcohólicas (+5,6%). Dentro del supermercado, destacó la subida del pan y los cereales.
El INE no ha hecho ningún cambio sobre la evolución de la inflación subyacente -que no tiene en cuenta el precio de los alimentos frescos ni de los productos energéticos-, dejándola en el 3%, la tasa más alta desde septiembre de 2008, que se sitúa más de cuatro puntos y medio por debajo de la del IPC general.
Todos los españoles sufrieron una subida de precios considerable en febrero, aunque los que más lo notaron fueron los castellano-manchegos, con un IPC del 9%; seguidos de los aragoneses y castellanoleoneses, a los que los precios les subieron un 8,5%. Les siguen los extremeños y riojanos (8,1%) y los gallegos (8%).
Las comunidades y ciudades autónomas que tuvieron un avance más leve del IPC fueron Canarias y Ceuta (6,8%), la Comunidad de Madrid (6,9%) y Cataluña (7,4%).
Según el INE, si el Gobierno no hubiera aprobado medidas fiscales como la bajada de impuestos sobre la energía, el IPC habría subido en febrero un 8,5%, nueve décimas más, tal y como recoge en su índice a impuestos constantes.
La mayor amenaza para la economía
El aumento de la inflación, que inició su senda ascendente en octubre de 2021 por el desajuste entre oferta y demanda derivado de la pandemia, se ha agravado desde que el 25 de febrero Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania, provocando que el precio del gas se disparase ante la incertidumbre por su suministro y que se tensionara también el precio de algunos productos de los que Rusia y Ucrania son los principales exportadores, como los cereales y piensos.
Los españoles notan en sus bolsillos la subida del precio de la electricidad -que esta semana ha pulverizado el récord de los 700 euros el megavatio/hora-, de la gasolina -que ya se paga en España a más de 2 euros el litro tras subir un 36%- y de la cesta de compra -con una subida interanual de los alimentos del 21%-. Con ello, asumen una pérdida de poder adquisitivo sin precedentes.
La inflación se ha convertido en la primera amenaza para la economía mundial, como ya demostró ayer el Banco Central Europeo (BCE) al endurecer su política monetaria. Según esta institución, el IPC promedio de la Eurozona podría ser del 5,1% este año pero, en el peor de los casos, si la guerra se enquista, podría llegar al 7,1%.
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Raymond Torres, director de análisis económico del panel de economistas de Funcas, ya ha avisado de que el IPC podría llegar al 8% en marzo y al 9% en abril y mayo, pero, en caso de que la guerra en Ucrania se perpetúe y se corte el suministro internacional de gas ruso -si Occidente decide dejar de comprarlo o si Vladimir Putin deja de venderlo en represalia a las sanciones-, entonces la inflación podría llegar al 10%.
Se rompería así la barrera psicológica de los dos dígitos de inflación y se recrudecería la batalla entre trabajadores y empresarios por la subida de salarios. Ante este posible escenario, el Gobierno insiste en que es necesario un “pacto de rentas” en el país, para repartir los costes de la guerra y evitar que suban en exceso los salarios y los precios finales que cobran las empresas. Sólo así, dicen, se podría evitar una espiral inflacionista que pondría en jaque la recuperación económica.