El Consejo de Ministros ha aprobado avalar hasta un 80% de los nuevos créditos que la banca conceda a pymes y autónomos afectados por el coronavirus por un importe, en principio, de 10.000 millones de euros.
Con esta medida, el Gobierno confía en que las entidades financieras abran el grifo de crédito a las empresas con problemas de liquidez y eviten una oleada de quiebras en las próximas semanas.
Para las grandes empresas, el plan establece avales del 70% en crédito nuevo y del 60% en renovaciones, pero deja fuera las refinanciaciones de los préstamos actuales. En este primer paquete, estas empresas podrán acceder a una línea de crédito de 10.000 millones de euros.
El primer tramo del programa, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), limita su capacidad a una quinta parte de lo prometido por el Gobierno hace una semana, cuyo importe ascendía a 100.000 millones de euros.
Economía y bancos han negociado en los últimos días el alcance de estos avales. Las entidades pedían que en el caso de las pymes alcanzaran el 90% dado el elevado riesgo de quiebra de aquellas expuestas a sectores como el comercio o el turismo, cuya actividad ha quedado reducida a cero.
Desde la Administración, sin embargo, respondían que con avales tan elevados podría producirse una mala gestión del crédito que acabara convirtiéndose en la futura ejecución de los avales y el incremento del gasto público.
En todo caso, la ministra de Hacienda y Portavoz del ejecutivo, María Jesús Montero, ha explicado que en cuanto se agote el primer tramo de los 20.000 millones de euros se liberará otra parte del paquete y podrán “ajustarse” las condiciones de la línea de avales en función de la demanda que haya.
El programa no incluye ningún tipo de indicación sobre los tipos de interés que incluirá esta nueva financiación, pero Montero se ha mostrado confiada en la “responsabilidad” de los bancos para ofrecer un coste que sea asumible por las empresas.
Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.
Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19.
También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.