- Frena en Bruselas el plan de Díaz para elevar el gasto y el alcance de los subsidios
- Economía quiere impedir que el dinero público se use para propiciar prejubilaciones
- El ala socialista quiere atar en corto los planes de Díaz en el nuevo Gobierno
El Gobierno de coalición no ha tardado ni una semana en poner en evidencia las profundas discrepancias entre la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Lo hace además en una materia tan sensible como los subsidios por desempleo. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa está negociando en Bruselas una reforma que no solo choca con los planes de la ministra de Trabajo para la nueva Legislatura, sino que supone una rectificación de buena parte de la hoja de ruta seguida por el Ejecutivo hasta ahora.
Díaz ha prometido que una de sus primeras medidas sería reforzar la protección por desempleo “avanzando en el nivel asistencial” para seguir corrigiendo los “recortes” del PP. Sus palabras remiten al acuerdo de investidura suscrito con Pedro Sánchez y apuntaba a “simplificar y mejorar” las ayudas que se perciben tras agotar la prestación contributiva, facilitando el acceso, la compatibilidad con el trabajo, dotándolo de las prestaciones suficientes y reforzando los incentivos al empleo”. Pero como suele ocurrir, el diablo está en los detalles y, en este caso, en qué entiende cada parte por “mejorar”.
Economía toma las riendas
Díaz apuesta por una ampliación de esta protección, tanto en lo que se refiere al número de beneficiarios como a su importe. Pero el equipo de Calviño tiene otra visión que no podría ser más diferente. Su secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, lo dejó claro el pasado lunes: trazó las líneas de una reforma que se aprobará “en las próximas semanas” y todas apuntan a un endurecimiento de los subsidios para impulsar la ‘activación’ de los desempleados.
En el marco del acuerdo con la Comisión Europea para recibir los fondos ‘Next Gen’, el Ejecutivo prometió una reforma del nivel asistencial. Se intentó antes de las elecciones, pero no prosperó por los desencuentros en el seno del propio Ejecutivo sobre el rumbo a seguir. La prueba es que ni siquiera se llegó a informar de los progresos a patronal y sindicatos, que protestaron de manera unánime por este silencio. UGT y CCOO han vuelto a hacerlo ahora, tras las palabras de García, y han exigido que la cuestión se lleve inmediatamente a la mesa del diálogo social.
Ahora el Gobierno tiene todavía más prisa, ya que del cambio en los subsidios depende la cuarta solicitud de pago del Plan de Recuperación. Debe estar ejecutada antes de tramitar los 10.000 millones de euros asociados a este desembolso. Por eso Calviño ha tomado las riendas del asunto por encima de Díaz. Su plan es “potenciar” el compromiso de actividad de “todos los desempleados hacen con los servicios públicos de empleo” y que obligan a la búsqueda activa de trabajo y en la aceptación de las ofertas adecuadas de trabajo”.
No es ninguna novedad. Esto ya es un requisito básico para cobrar una prestación por desempleo o un subsidio, pero la falta de ofertas de empleo recogidas en los servicios públicos y las dificultades para encontrar empleo de los desempleados de mayor edad lleva a que la mayoría de los desempleados sigan cobrando prestaciones hasta su jubilación. Algo de lo que el Ejecutivo es especialmente consciente.
Contra las prejubilaciones
“Los beneficiarios mayores de 55 años son el tramo más numeroso, con el 39% del total. En su gran mayoría perciben el subsidio hasta la edad de jubilación.” Este entrecomillado proviene del informe de prestaciones que cada mes publica el Servicio Público de Empleo Estatal. Algo que eleva el coste no solo para este organismo, sino en términos de jubilaciones anticipadas. Se estima unos 400.000 inscritos como desempleados son en realidad ‘prejubilados’.
El plan de Calviño se dirige a romper con este encadenamiento, aunque los detalles siguen en el aire. Algunas fuentes apuntan a que la idea es que, como ocurre con las prestaciones contributivas por desempleo, la cuantía decrezca con el tiempo. Pero de ser así, el plan tendría un serio problema de diseño.
Los sindicatos recuerdan que los subsidios solo llegan a 481 euros y que cualquier ajuste de este tipo perjudicará a los parados de larga duración, que son los que más lo perciben. El propio Gonzalo García recalcó que la reforma contrubiuye a “reducción del déficit“, es decir, menor gasto. Algo que parece contradecir las políticas desarrolladas no solo por Díaz, sino por el propio Pedro Sánchez que en el 2019 recuperó el subsidio para mayores de 52 años eliminado por el PP.
Pero Calviño cuenta ahora con una baza que no existía entonces: el Ingreso Mínimo Vital. Esta ayuda asistencial no está ligada al desempleo y se concede en función de la renta. La idea del Ejecutivo es mejorarlo “simplificando los requisitos”, al tiempo que se refuerza su vinculación con los itinerarios de inclusión socio-laboral. Con esto se convierte en una figura muy parecida a los subsidios por desempleo.
El lastre del ‘fracaso’ de Díaz
El plan de Calviño se arriesga al mismo error que cometió el PP cuando recortó las prestaciones y subsidios para “incentivar” la búsqueda de empleo: las políticas activas encargadas de ayudar a los parados son un desastre. Los servicios públicos de empleo solo registran un ‘stock’ de 50.000 vacantes para 2,8 millones de parados y un total de 4,2 millones de demandantes de empleo. En este escenario, la amenaza de retirar el subsidio a quien rechace un trabajo parece un chiste.
Y cualquier modificación en el importe de la prestación que no se contrarreste aumentando la posibilidad de encontrar un trabajo se convierte en un recorte. Lo que contará con un claro rechazo no solo de los sindicatos, sino de Sumar. A pesar de que la responsabilidad de este problema es suya: Díaz aprobó en marzo una reforma de las políticas activas de empleo para, entre otras cosas, elevar el número de vacantes a disposición de los servicios públicos de empleo.
Pero, aunque la norma contó con el aval de Bruselas, sus resultados por ahora han sido inexistentes. No solo las vacantes registradas no han aumentado, sino que solo intermedian en la colocación de 1 de cada100 parados al mes. Algo que Calviño tendrá también que explicar a la Comisión Europea.
