- Plantea que se diseñen planes de ajuste fiscal de cuatro años de la mano de los Estados miembro
- Podrían extenderse a 7 años si tres años incluyen reformas e inversiones
Bruselas da un paso de gigante este miércoles con la revisión de las reglas fiscales. Su propuesta plantea crear un traje a medida para cada Estado miembro de cara a diseñar los planes fiscales y la senda de reducción de deuda. Como contrapartida, abre la mano a represalias en forma de sanciones con efectos reputacionales en los mercados para aquellos países que no cumplan con los objetivos pactados.
No deja de resultar destacable la desaparición, por el momento, de esa regla del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que tantos dolores de cabeza ha suscitado. La senda de reducción de deuda de 1/20 anual hasta llegar a niveles del 60% sobre el PIB se desvanece de la ecuación por su escasa aplicabilidad.
La herencia de la crisis del 2008 ha forzado tal revisión. Y es que si algo ha quedado claro es que la aplicación de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es poco realista. No tanto en lo que compete a esos objetivos del 3% de déficit sobre el PIB o ese 60% de deuda sobre el PIB sino más bien por este ritmo recorte de la deuda para alcanzar tales cuotas.
La comunicación presentada por el Ejecutivo comunitario plantea que se diseñe, de la mano de los Estados miembro, planes de ajuste fiscal de cuatro años que se basarán en análisis de sostenibilidad de la deuda. Tales planes deben garantizar un camino de reducción de deuda plausible para aquellos países con altos niveles de pasivo, además de que el déficit se mantenga por debajo del 3% del PIB.
La extensión de estos planes podría alargarse a siete años si además contemplan reformas e inversiones. Así los Estados miembro podrían ganar un periodo de ajuste de tres años si sus propuestas de reforma e inversiones respaldan la sostenibilidad de la deuda y se alinean con las prioridades comunitarias.
Aunque el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, no ha dado cifras concretas respecto a la senda de reducción de la deuda en la rueda de prensa, sí ha enfatizado la idea de que la trayectoria debe ser “gradual, plausible y realista”. En este sentido, ha valorado que “si ahora nos ponemos a jugar con los números estaríamos haciendo lo contrario a lo que está indicado hacer” y ha subrayado que “lo que cuenta para la economía de la UE y los mercados financieros es que haya una tendencia a reducir la deuda”.
La propuesta del Ejecutivo comunitario tiene una mano izquierda y una mano derecha. Por un lado, da más margen a los países en el diseño de sus trayectorias fiscales. Por otro, establece sanciones financieras más duras con efectos reputacionales en los mercados. Unas represalias que podrían llegar a condicionar el desembolso de fondos estructurales y del Plan de Recuperación y Resiliencia en caso de que los países no hayan implementado medidas eficaces para reducir un déficit o deuda excesivos.
Durante la presentación de la propuesta, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, puso en evidencia que el funcionamiento de las reglas fiscales en los últimos años ha demostrado que los niveles de deuda pública se han mantenido altos y que “casi cualquier Estado miembro ha roto las reglas en un momento u otro”.
Así ha evidenciado que los tiempos de prosperidad económica no se utilizaron para crear colchones fiscales y que el ajuste fiscal ha venido por la reducción de las inversiones, lo que no ha contribuido al crecimiento.
Revisión y evaluación
Bruselas sería la encargada de la evaluación de los planes, a los que luego tendrían que dar el visto bueno los Veintisiete. Si la deuda retoma una trayectoria descendente la evaluación sería positiva. También si se mantiene en niveles prudentes y el déficit presupuestario se coloca en niveles inferiores a ese 3% del PIB a medio plazo.
Lo que plantea la Comisión Europea es que los Estados miembro presenten planes estructurales y fiscales a medio plazo y el seguimiento y evolución de esos planes se efectuará anualmente, ha apuntado Dombrovskis. “Queremos evitar duplicidades con los documentos ya existentes”, ha indicado para argumentar que se trata de una propuesta orientativa que el debate tomará como punto de partida.
Además, la propuesta del Ejecutivo comunitario fija mecanismos de supervisión más estrictos de los planes. No es solo que los países de la UE tendrían que presentar informes anuales sobre su implementación para mejorar la transparencia, también se reforzaría el procedimiento de deuda excesiva, que se activaría si un país de la UE, con pasivos superiores al 60%, se desvía de la ruta de gasto acordada.
Así es que en aras de simplificar la arquitectura de las reglas fiscales comunitarias, la Comisión Europea ha planteado que los planes fiscales estructurales nacionales a medio plazo integren medidas fiscales de reforma y políticas de inversión ajustadas a cada país. La propuesta también dota de más poder a nivel nacional para aplicar los planes fiscales aprobados en el Consejo y establece un marco eficaz para detectar desequilibrios macroeconómicos. Además, refuerza el marco de vigilancia y evaluación del cumplimiento por parte de los Estados miembro.
Las presiones frugales de Países Bajos
Esta ruta establecida a razón de un recorte de 1/20 anual se ha mostrado irreconciliable con la realidad, especialmente en un momento en el que la deuda de algunos Estados miembro ha escalado a niveles que superan el 100% del PIB. Es el caso de España con cifras que rondan el 120%, pero también el de Italia, con el 150% y el de Grecia con el 180%.
Ha sido Países Bajos quien ha portado el estandarte de las posturas de los países frugales más partidarios de un cumplimiento estricto de las reglas fiscales. Un grupo de voces entre las que también se encuentra la de Alemania. Así, a finales de octubre La Haya remitió una carta a la Comisión Europea en la que pedía normas más claras y números “consistentes” en la revisión de las reglas fiscales de la UE.
El escrito remitido por la ministra de Finanzas holandesa, Sigrid Kaag, instaba a endurecer la respuesta de la UE frente a los países que no cumplan con las sendas de reducción de deuda establecidas, con un mayor protagonismo del consejo fiscal de la UE en esta vigilancia.
La carta no hacía sino ampliar el mensaje que España envío con Países Bajos en abril. La titular de finanzas holandesa y la ministra española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dieron la sorpresa salvando las lanzas que tradicionalmente mantenían ambos países respecto a la aplicación de las reglas fiscales, y presentaron un documento en defensa de una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con estrategias de consolidación específicas para cada país, realistas, graduales pero ambiciosas.
Una ambición a la que Bruselas ha dado respuesta con una comunicación que previsiblemente tomará forma de propuesta legislativa en el primer trimestre del próximo año. En juego está reducir los niveles de deuda sobre el PIB sin minar el crecimiento económico. Permitir que los Estados miembro puedan anclar su ruta en la inversión en lugar de una austeridad que merme el desarrollo económico. Eliminar objetivos imposibles y simplificar unas reglas que han probado ser irreconciliables con la realidad y dañinas para el crecimiento económico, especialmente la regla de reducción de deuda de 1/20 anual.
Los retos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento estaban sobre la mesa: reglas complejas, que dejaban poco margen a las reformas e inversiones y el escaso control de su aplicación por parte de los Estados miembro.
Si bien Gentiloni ha descartado que fueran estas estrictas reglas las que agudizaron la crisis económica del 2008, el Dombrovskis ha apuntado como lecciones tal periodo la necesidad de una “coordinación política y fiscal más fuerte para que no se creen “desequilibrios económicos”, la necesidad de un “sector financiero fuerte” y de solidaridad “dentro de la UE y, especialmente, en la eurozona”.
Antes de 2024
El ministerio de Asuntos Económicos ha salido al paso de la comunicación del Ejecutivo comunitario, que ha tildado de “buena base de trabajo” y ha valorado como “propuesta equilibrada”.
Además, ha abierto la puerta a que se alcance un acuerdo al respecto bajo la presidencia española de la UE, en el segundo semestre de 2023, considerando que la propuesta debería suscitar un consenso entre Estados miembros y el Ejecutivo comunitario antes de 2024.
Por otro lado, Economía se ha referido a la Cláusula de Escape, por la cual las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento permanecen suspendidas hasta finales del próximo ejercicio y desde que empezó la pandemia, y ha resaltado que pese a su aplicación “necesitamos tener claridad y seguridad jurídica cuanto antes”.
