Moncloa desiste de ampliar sectores y y deja la carga a los gobiernos regionales
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al real decreto-ley que permitirá a las comunidades autónomas incluir sectores y empresas en el listado de beneficiarios para acceder a las ayudas directas de 7.000 millones de euros y facilitará a las compañías pagar sus deudas no tributarias ni aduaneras con la administración en un plazo de hasta cuatro años.
Asimismo, el Gobierno ha desistido de ampliar el número de sectores susceptibles de solicitar ayudas, y esta carga pasa a los gobiernos regionales, algunos de los cuales, como el caso de Madrid, ya han habilitado partidas para las empresas olvidadas por el Estado.
El decreto contó con el respaldo de 294 diputados, sin votos contrarios y con 52 abstenciones, después de abrirse la posibilidad de incorporar cambios a través de su tramitación como proyecto de ley por el trámite de urgencia.
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, expuso que son medidas para “causas extraordinarias” y “excepcionales”, enmarcándolo dentro del paquete de medidas desplegadas desde que se declaró la pandemia “para apoyar a empresas viables a superar la situación de vulnerabilidad o desequilibrio patrimonial” provocado por las restricciones. De forma específica detalló que se habilita a las comunidades autónomas a establecer nuevos sectores a sumar a los 95 establecidos de forma general por el Gobierno y que pueden acceder a ayudas directas para sufragar gastos fijos y deuda con proveedores, como son gastos fijos, facturas o recibos de suministros.
Requisitos
Para acceder a ellas, Calviño recordó que tienen que haber sufrido una caída de ingresos de, al menos, el 30%, y explicó que el listado elaborado por el Gobierno incluye aquellos negocios con más del 10% de la plantilla aún en Erte o que no hayan conseguido reincorporar, al menos, el 75% de los empleados máximos que tuvieron en Erte en su pico máximo. Detalló que figuran sectores como el textil, comercio, turismo, restauración, cines, museos o gimnasios. A esa selección, las CCAA podrán añadir ahora otros sectores o empresas que consideren que precisen soporte en función de las restricciones.
En materia fiscal, el real decreto también permitirá a las empresas pagar sus deudas no tributarias ni aduaneras con la administración en un plazo de hasta cuatro años con el objetivo de permitirles una mayor liquidez, mediante su aplazamiento máximo por un periodo de dos años a partir del vencimiento previsto y, una vez cumplidos esos 24 meses, la concesión adicional de otro plazo de dos años más en los que fraccionar el pago de la deuda.
Del 1,3% del PIB, al 4,1
Prácticamente toda la oposición afeó la gestión de este paquete de ayudas directas que recibió el calificativo de desiguales, tardías y de insuficiente dotación, señalando que solo son el 1,3% del PIB frente al 4,1 del PIB en el resto de la UE.