Pide indemnizaciones «ejemplarizantes» y «disuasorias» para los empleadores
El Consejo de Europa ha aprobado una recomendación en la que insta al Gobierno español a endurecer las penalizaciones impuestas a las empresas que expulsan a trabajadores de manera improcedente. En línea con las conclusiones emitidas por el Comité Europeo de Derechos Sociales en el 2024, el organismo ratifica que la reforma laboral del 2012 —auspiciada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy—, que redujo la indemnización por despido ilícito de 45 a 33 días de salario por año trabajado, y de 42 a 24 el máximo de mensualidades a percibir, vulnera la Carta Social Europea. El artículo 24.b, en concreto, reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin causa justificada a percibir una indemnización adecuada o una reparación apropiada. Sin embargo, en España no está garantizada. Las cuantías son tan reducidas que ni siquiera tienen un carácter disuasorio para los empleadores. Es por ello que el Consejo de Europa ha formulado una serie de recomendaciones a España. La primera de ellas, garantizar que la cuantía que perciben las víctimas —incluidos los trabajadores temporales contratados en fraude de ley— en concepto de daños y perjuicios materiales y morales sea «ejemplarizante y disuasoria» para los empresarios porque, con la ley en la mano, los trabajadores españoles no están protegidos frente a este tipo de prácticas abusivas.
Además, el organismo insta al Gobierno a modificar la legislación para que el cálculo de la indemnización tenga en cuenta el daño real sufrido y las circunstancias individuales de cada afectado que pudieran amplificar su impacto. También se insta al Ejecutivo español a adoptar medidas para que los jueces puedan evaluar la idoneidad de una readmisión tras un despido improcedente, siempre que se consulte a la parte empleadora y al trabajador.
Su pronunciamiento llega cuatro años después de Comisiones Obreras denunciara la situación y dos después de que se divulgara un informe demoledor del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) en el que acredita los incumplimientos en materia de protección laboral.
