Estima un ajuste de unos 25.000 millones para cumplir con la senda de déficit en los próximos años. Propone suspender los controles del alquiler
El ritmo de expansión de la economía española sufrirá un frenazo por el impacto adverso esperado en relación con el conflicto en Oriente Próximo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha revisado a la baja sus proyecciones de crecimiento, que se moderará este año al 2,1% desde el 2,8% de 2025, lo que implica una revisión a la baja de siete décimas respecto, mientras que para 2027 anticipa una expansión del 1,8%, una décima menos. Más allá de 2027, la institución prevé que el crecimiento anual del PIB se estabilice en torno a su potencial a medio plazo de alrededor del 1,7%. En cuanto a la tasa de inflación general interanual, el personal técnico del FMI calcula que alcanzaría aproximadamente el 3% a finales de 2026, para luego descender al 2,2% a finales de 2027.
En su análisis, el FMI recomienda a España que su plan antricrisis debe ser un “apoyo discrecional temporal y focalizado”, siempre que los costes de financiación de la deuda soberana se mantengan bajos y, sobre todo, ante un “shock grave” o un recrudecimiento del conflicto. Estas recomendaciones están en línea con las expresadas ayer mismo por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que instó a los gobiernos de la región a que “cualquier respuesta fiscal” a la crisis abierta por el conflicto de Oriente Próximo sea de carácter “temporal, específica y adaptada a cada caso”.
Sobre las finanzas públicas españolas, el personal técnico del FMI proyecta que el crecimiento anual del gasto público neto en España siga superando los objetivos del Gobierno y que el déficit descienda solo “moderadamente”, lo que exigirá esfuerzos adicionales de consolidación, dado que el déficit se estabilizará en el 2% del PIB en 2031, frente al 0,8% previsto en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) de España. Esto implica, precisa el FMI, que será necesario que el país implemente medidas equivalentes al 1,5% del PIB para cumplir con las senda de déficit prevista en el medio plazo, en torno a unos 25.000 millones de euros. Por eso alerta de que si el gasto sigue creciendo por encima de los objetivos, serán necesarios ajustes adicionales para reducir el déficit público. Acabar con el control de los precios del alquiler
En cuanto a la deuda, espera que siga disminuyendo en los próximos cinco años, aunque su trayectoria seguirá siendo “vulnerable” a los shocks de crecimiento y de costes de financiación. Además, advierte de que aumentará “considerablemente” a partir de principios de la década de 2030, ya que España se enfrenta a uno de los “mayores aumentos” del gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración que se prevén entre las economías avanzadas de la UE.
En este contexto, el organismo internacional recomienda a España, dada su “baja” tasa de empleo y su “elevada” presión fiscal sobre el trabajo, una armonización del IVA eliminando los tipos reducidos sobre una “amplia gama” de productos, combinado con transferencias compensatorias a hogares de renta baja. El FMI considera medidas favorables al empleo y antes que otras alternativas como la subida de los tipos de cotización, apuesta por alargar el período en base por el cual se computan las prestaciones. Esta estrategia a medio plazo para mejorar las finanzas públicas españolas requiere también, según el FMI, una revisión general de la regla fiscal de las comunidades autónomas, dado que el sistema actual es “complejo” e introduce “incoherencias”, y no ha logrado ni reducir la deuda autonómica ni evitar el gasto procíclico.
Por ello, aconseja “una mayor coherencia” de la regla fiscal de las CCAA con el marco fiscal de la UE, en primer lugar alineando la definición nacional de crecimiento del gasto primario neto con la de la regla de la UE, así como una regla centrada en el crecimiento del gasto que garantice la sostenibilidad de la deuda de cada comunidad autónoma. Esto podría hacerse o bien mediante límites de crecimiento del gasto específicos para cada comunidad o mediante un límite general con requisitos de ajuste “más estrictos” para las comunidades muy endeudadas. La regla también debería comprender un mecanismo “correctivo claro y pertinente” en caso de incumplimiento, de cuya aplicación se encargaría el Ministerio de Hacienda, recomienda el FMI.
Por otro lado, respecto a la vivienda, pide acabar con el control de precios tras un periodo de tres años que ha evidenciado que solo ha servido para reducir “de manera significativa” la oferta de vivienda en alquiler. El FMI valora las iniciativas del Gobierno, como el fomento de la oferta de alquileres asequibles, pero apuesta por acelerar los planes de desarrollo urbano, liberar más suelo para la construcción y agilizar la concesión de permisos para la edificación, tareas en las que apela también a la competencia de las comunidades autónomas. “La oferta de vivienda tienen que aumentar a un ritmo mucho más rápido para hacer frente al gran déficit existente, sobre todo en las zonas de mayor demanda”, dice el fondo. Para prevenir la acumulación de vulnerabilidades financieras relacionadas con la vivienda, en un contexto en el que se aprecian los primeros indicios de una relajación de criterios en la concesión de préstamos hipotecarios, el FMI pide que la liquidez esté respaldada por garantías hipotecarias.
Sobre la apuesta del Gobierno central por asumir parte de la deuda autonómica, afirma que podría generar recursos adicionales útiles para las comunidades, pero dice que es necesario abordar el “riesgo moral y de desviación fiscal”. “La adquisición parcial y excepcional de la deuda de las comunidades autónomas por parte del Gobierno central podría ayudar a restaurar el acceso de aquellas a los mercados, pero debería condicionarse a planes de consolidación creíbles, idealmente en el contexto de una regla fiscal regional reformada y centrada en la aplicación estricta de límites de crecimiento del gasto”, advierte el organismo financiero.
El aumento previsto de las transferencias del Gobierno central a las comunidades autónomas como parte de la reforma propuesta del régimen común también podría ayudarlas a afrontar mejor las crecientes presiones de gasto relacionadas con el envejecimiento, pero recomienda que se haga “gradualmente”, a fin de que el Estado tenga tiempo para compensar la pérdida de ingresos con mayores impuestos o recortes del gasto.
