- Señalan que los cambios a última hora solo crean inseguridad jurídica
- La decisión obligará a revisar tareas y asumir costes adicionales
El Consejo General de Economistas de España (CGE) critica duramente la marcha atrás de la puesta en marcha de Verifactu anunciada ayer por el Ejecutivo.
El Gobierno, dentro de sus compromisos con Junts, aplazó un año, a 2027, la obligación para empresarios y autónomos de tener unos sistemas informáticos que permitan la trazabilidad de sus facturas, compartirlas con Hacienda, impidan tener una contabilidad ‘B’ y hacer modificaciones posteriores.
Los economistas alertan de que para la gran mayoría del tejido empresarial, “esta prórroga supone reprogramar tareas, revisar inversiones tecnológicas y asumir costes adicionales derivados de ajustes de última hora”.
El presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín, y el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), Agustín Fernández, señalan que la mayoría de los empresarios ya habían planificado sus recursos y organizado la adaptación de sus sistemas confiando en los plazos inicialmente establecidos.
Por tanto, critican que el hecho de dar marcha atrás a esta obligación tan tarde, tan solo un mes antes de que entre en vigor, “complica su organización interna y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo”.
No obstante, los expertos también reconocen que la ampliación del plazo puede ofrecer “un respiro” para aquellas empresas que aún estaban en fase de adaptación a este sistema.
A su juicio, estos cambios de última hora afectan especialmente a los negocios con menos capacidad administrativa y menor margen para absorber imprevistos.
“Es imprescindible que los plazos de entrada en vigor de las normas no se modifiquen a última hora y que estas se mantengan estables en el tiempo para permitir a las empresas y empresarios planificar con seguridad y adaptar sus procesos sin incertidumbres”, señalan.
Las empresas que ingresan menos de seis millones de euros al año debían disponer de un sistema informático de facturación que cumpliera con los requisitos de Hacienda a partir del 1 de enero de 2026, mientras que los autónomos debían hacerlo a partir del 1 de julio de 2026. Tras el cambio anunciado ayer, las compañías pasarán a tener que cumplir con esta obligación el 1 de enero de 2027, mientras que los trabajadores por cuenta propia lo harán el 1 de julio de ese año.
Cabe recordar que esta es la segunda vez que el Ejecutivo retrasa el sistema Verifactu. Inicialmente, iba a entrar en vigor este 2025, pero finalmente se pospuso a 2026.
