- La ministra de Trabajo advierte de que no pueden limitarse a sanciones administrativas
- Intentará evitar la reducción en septiembre de las prestaciones por Erte
- Promete retomar la derogación de la reforma laboral, pero con “tranquilidad”
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido de que cualquier tipo fraude en los Ertes por parte de las empresas que se han acogido a ellos durante la crisis del coronavirus podría conllevar “consecuencias penales”. Coronavirus, última hora, en directo.
En una entrevista a La Voz de Galicia, Díaz hace referencia a aquellos “pequeños negocios que están trabajando ya, deciden mantener en el Erte a sus empleados y los mandan a trabajar sin cumplir las obligaciones de darlos de alta y pagar cotizaciones y salarios”. Aunque la ministra asegura que en la mayoría de los casos impera la honestidad, estas infracciones que son un “mal uso de los recursos públicos”, no constituyen simplemente “una sanción administrativa grave”.
La cartera que dirige Díaz anunció hace una semana una campaña contra el fraude en los Erte mediante el envío de comunicaciones a las empresas insistiendo en la necesidad de la protección de los recursos públicos y con visitas para detectar incumplimientos o irregularidades.
Otra consecuencia derivada de estos Ertes es que, una vez alcanzado un acuerdo para su prórroga hasta septiembre, y con la posibilidad de que se amplíen hasta final de año, los trabajadores afectados desde el inicio de la crisis del coronavirus verían reducidas sus prestaciones en septiembre en un 50% al haber transcurrido seis meses. En este sentido, Díaz deja entrever que se intentará pactar con sindicatos y patronal nuevas condiciones que eviten este problema.
“La reforma del PP bajó la base reguladora al 50 %, esa norma está en vigor y no tendríamos margen para cambiarlo. De ahí la importancia de abrir la mesa de diálogo social para abordar la protección social en este momento”, asevera Díaz. Una de cada diez empresas con un Erte, investigada ya por la Inspección
Respecto al teletrabajo, la ministra ha querido ser prudente en cuanto a la promulgación de una ley para la regulación de esta práctica. En todo caso, Díaz expresa su preferencia por “elevar y dar garantías al trabajo a distancia, que debe reunir las mismas garantías que el presencial y que, a diferencia de lo que ha sucedido en la pandemia, ha de ser voluntario”.
Uno de los grandes escollos que tendrá que salvar la mesa de diálogo social es la negativa de la patronal a lo que ha denominado “rigidez” en los gastos que las empresas tendrían que asumir en beneficio del trabajador.
La ministra admite que la derogación de la reforma laboral se deberá llevar a cabo con “tranquilidad”
Lo que parece claro es que otro de los grandes caballos de batalla del Ministerio de Trabajo, el desmantelamiento de la reforma laboral, llevará más tiempo. Díaz explica que se deberá llevar a cabo con “tranquilidad”, ya que necesita primero de la salida adelante de las regulaciones del teletrabajo y la igualdad retributiva.
Lo que sí garantiza la ministra de Unidas Podemos es que se luchará por conseguir lo prometido en el acuerdo de Gobierno con el PSOE de primeros de año: “Negociación colectiva, subcontratación, descuelgues salariales… Y luego habrá que entrar en las causas de la precariedad en el contrato de trabajo y en todo lo que tiene que ver con unas relaciones laborales del siglo XXI”.
