La buena sintonía que PSOE y Podemos escenifican en lo social promete colisionar en el ámbito económico, especialmente en cuestiones como el mercado laboral o las recetas para afianzar el sistema de pensiones.
La pregonada sintonía programática de Sánchez e Iglesias en lo social, sustrato de su “Gobierno profundamente progresista”, no es, sin embargo, tan firme en lo económico, donde el extremismo ideológico de los morados promete provocar puntos de fricción con un PSOE que, pese a sus veleidades, es perfectamente consciente de la vigilancia con lupa a la que estará sometido su Gobierno por los agentes económicos y los grandes organismos nacionales e internacionales, incluida la Comisión Europea, recelosa ante el incumplimiento de España en materia de déficit y deuda.
La contrarreforma laboral y la sostenibilidad de la Seguridad Social y de las pensiones, un sistema herido de muerte si no se adoptan medidas para contener los gastos y elevar los ingresos, se perfilan como dos de los grandes focos de tensión entre los socios del primer Ejecutivo de coalición de la Democracia. Podemos exige, porque así se lo ha prometido Sánchez en el pacto rubricado con Iglesias, abolir de facto la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012, que introdujo flexibilidad en el mercado de trabajo, dio prioridad al convenio de empresa sobre el sectorial y que ha permitido que la economía cree empleo con incrementos del PIB inferiores al 1%, según constató recientemente el Banco de España, cuando antes necesitaba crecer a tasas muy superiores para no destruirlo.
El hasta hoy secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, en un gesto de autocrítica inusual en la etapa del sanchismo, admitió en julio pasado que “los socialistas lo hicimos fatal en 2008; dejamos que se destruyeran tres millones de empleos”. Un duro mea culpa que aludía en parte a la calamitosa gestión económica de los Gobiernos de Zapatero y que reviste especial relevancia porque el propio Granado formaba parte entonces de ese Ejecutivo. ¿Un vaticinio de lo que puede volver a suceder en el futuro?
Derogación
El arranque de la flamante ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de la confluencia gallega de Podemos, no puede ser menos esperanzador en este sentido. Díaz prometió ayer en su toma de posesión, sin anestesia ni paños calientes, que derogará la reforma laboral de 2012, promesa que esgrimió como punta de lanza de su pretendida lucha contra la precariedad laboral. Es su prioridad y así lo dejó claro, desoyendo las advertencias de los principales organismos nacionales y extranjeros, incluidas las agencias de ráting, que en los últimos meses han advertido por activa y por pasiva de que revertir una reforma que en su día aplaudieron el FMI, la OCDE, Bruselas y la propia canciller alemana Angela Merkel en un entorno de desaceleración económica y de palpable freno en la creación de empleo es lo más parecido a echar gasolina al fuego. Ayer mismo, la OCDE puso de relieve que mientras la economía española prosigue por la senda del enfriamiento, países duramente golpeados por las tensiones comerciales internacionales, como Alemania, tienden ya a la estabilización.
El ímpetu desbaratador de Podemos, y en especial su pretensión de volver a encarecer el despido, se anticipa como uno de los principales puntos de fricción entre el equipo de Iglesias y la vicepresidencia económica reforzada de Nadia Calviño, que hasta hace poco aún defendía públicamente una derogación parcial de la reforma laboral, centrada en los “aspectos más lesivos”, rechazando que los costes de despido en España fueran bajos. “Que se considere que esto es muy barato es relativo. Cuando hacemos una comparación internacional, nuestro país no sale particularmente bajo”, señalaba a finales de noviembre Calviño, consciente, presumiblemente, de que el principal reto de una cartera como Trabajo es lograr que España deje de ser el gran farolillo rojo de Europa en materia de desempleo, solo por detrás de Grecia, con una tasa de paro próxima todavía al 14% tras seis años de crecimiento ininterrumpido del PIB. Contener a Podemos en la reversión de la reforma laboral no será fácil, pero aún será una labor más ardua moderar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sobre cuyos efectos perniciosos advierten empresarios, autónomos y el propio Banco de España.
Reduccionismo de Podemos
El riesgo de colisión entre PSOE y Podemos es también muy elevado en el ámbito de la reforma de las pensiones y de la deficitaria Seguridad Social (cerca de 18.000 millones de euros anuales). Frente al reduccionismo populista de los morados, cuya receta apenas va más allá de blindar por ley la subida de las pensiones con el IPC, el Gobierno de Sánchez sabe que el reto es urgente y de una enorme envergadura si se quiere evitar que el sistema descarrile.
Así se desprende, al menos, de la decisión de Sánchez de situar al frente del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones al hasta ahora presidente de la Autoridad Fiscal AIReF, José Luis Escrivá, institución desde la que ha defendido la ortodoxia financiera, la disciplina fiscal y recetas muy claras para apuntalar el maltrecho sistema de pensiones. Entre ellas, aumentar la edad efectiva de la edad de jubilación; taponar el déficit de la Seguridad Social traspasando los gastos no contributivos del sistema al Estado; elevar el periodo de referencia para calcular las pensiones, o la búsqueda de alternativas al índice de revalorización que PSOE y Podemos han pactado tumbar.
Escrivá, que fue nombrado presidente de la AIReF en 2013 a instancias del Gobierno de Rajoy y cuando Montoro era titular de Hacienda, tiene por delante el enorme desafío de compaginar la prioridad del Ejecutivo de Sánchez de revalorizar las pensiones con la inflación, compartida con su socio populista, con la búsqueda al mismo tiempo de fórmulas factibles para afianzar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Y todo ello, sin renunciar a la coherencia que ha marcado su trayectoria.