Agilizará los rescates, ya que será suficiente una declaración responsable
La Xunta adelantará el cien por cien de las ayudas directas que recibirán empresas y autónomos en dificultades, con cargo a los 234 millones que el Ministerio de Hacienda transferirá ya a Galicia. La anticipación de la cuantía completa del auxilio económico a sus beneficiarios es uno de los criterios de reparto de los fondos que la Consellería de Emprego acordó este jueves en las reuniones mantenidas con la mesa de diálogo social —patronal y sindicatos— y con la de autónomos.
La titular de Emprego, María Jesús Lorenzana, destacó precisamente la importancia de ese abono del total de la ayuda en el momento de su solicitud «con unha mera declaración responsable por parte do solicitante», que es el mismo sistema que la Xunta ya empleó en los dos planes anteriores de rescate a empresas y autónomos realizados con fondos autonómicos. «É unha solicitude en liña, na páxina web, e xa teñen o ingreso inmediato», señaló.
El anticipo del cien por cien es una novedad para agilizar las inyecciones de liquidez, ya que estaba previsto adelantar un 80 % de la cuantía con la declaración responsable y el 20 % restante tras una auditoría.
Proteger a las microempresas
Otro de los criterios acordados ayer fue el de reservar 200 millones de euros del presupuesto total de ayudas, para trabajadores autónomos y microempresas, «que son o 97 % do tecido empresarial galego», subrayó la conselleira, añadiendo que intentan «modular» el importe de las ayudas «para que chegue ao maior número posible e non queden prexudicados no reparto os negocios mais pequenos».
Así, 150 millones se destinarán al apoyo a los autónomos en estimación objetiva, es decir, que tributen por módulos; mientras que de los 85 millones restantes, 50 irán a empresas y autónomos con hasta 25 empleados y 34 millones, a las sociedades que rebasen ese número.
Por otro lado, también se acordó extender esta liquidez a cualquier empresa o emprendedor en dificultades, más allá del centenar de actividades más golpeadas por la pandemia, consignadas por el Gobierno central en el decreto de aprobación de las ayudas. El único requisito para ello es que, si las incluidas en ese listado de sectores especialmente sensibles tienen que acreditar una caída de la facturación de al menos un 30 %, en el caso del resto de actividades, la Xunta pedirá una merma de ingresos del 40 % en el 2020 respecto al 2019. El porcentaje se rebajó desde el 45 % planteado en los primeros contactos con los sindicatos.
La orden de la consellería que regulará la concesión de las ayudas —su aprobación y publicación en el DOG se espera para antes de fin de mes— detalla también las cuantías de las subvenciones: de 3.000 euros para los autónomos que tributen en módulos y de entre 6.000 y 30.000 para el resto, graduados en función de la caída de la facturación y del tamaño de la empresa.
El único fleco que aún queda por cerrar es el de la exigencia de mantener el empleo hasta junio del 2022, una cláusula que la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) insiste en que no debe incluirse ya que, aunque sí se recogía en las anteriores órdenes de ayudas autonómicas, no figura en el último decreto del Gobierno central. La CEG pide «mantener la mínima carga para las empresas, dada la situación de incertidumbre que vivimos».
Desde Emprego explican que pidieron al ministerio una aclaración sobre la citada cláusula de salvaguarda —el decreto solo hace referencia al mantenimiento de la actividad, pero no del empleo—, a la que aún no han recibido respuesta y de la que dependerá su mantenimiento en la orden de las ayudas, como reclaman los sindicatos.
Los ERTE tendrán una quinta prórroga, hasta el 30 de septiembre
El Ejecutivo pretende que la nueva extensión mantenga «condiciones similares» a las actuales
Fumata blanca al primer intento. La primera reunión de la comisión tripartita que integran Gobierno, patronal y sindicatos se cerró con un preacuerdo, el de prorrogar otros cuatro meses, hasta el 30 de septiembre, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva semanas asegurado que este mecanismo de protección de los puestos de trabajo se extenderá el tiempo que sea preciso y, de hecho, en el plan de recuperación recién remitido a Bruselas el Gobierno recoge su intención de prolongar durante todo este año las ayudas a los ajustes laborales debidos a la pandemia, como un «mecanismo transitorio». De momento lo hará otros cuatro meses. en la que será su quinta prórroga, después de que los ERTE en vigor expiren el 31 de mayo. Tras el verano volverá a revisarse la evolución de la actividad económica y se valorará, en caso de ser preciso, una nueva ampliación.
La misma sintonía mostrada sobre el calendario se espera que se repita en lo que respecta a las condiciones de los ERTE, según señalaron fuentes próximas a la negociación. Y es que, aunque el Gobierno no les ha trasladado aún a los agentes sociales una propuesta concreta, sí les ha informado de que su pretensión es mantener «condiciones similares» a las actuales en la nueva extensión.
De hecho, Yolanda Díaz aseguraba recientemente que «lo que funciona no hay que cambiarlo», en referencia precisamente a la prolongación de los ERTE.
Cambios en las bonificaciones
Sin embargo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sí defendió introducir ajustes en las bonificaciones a la Seguridad Social —aún no concretados— con el objetivo de primar a las empresas que reincorporen trabajadores.
Este mecanismo de protección del empleo llegó a dar cobertura a casi tres millones y medio de trabajadores en el peor momento de la pandemia. Los últimos datos, a cierre de abril, mostraban que, pese al paulatino relajamiento de las restricciones a la actividad, todavía se mantienen en ERTE casi 640.000 personas.
El Gobierno enviará estos días a patronal y sindicatos la propuesta concreta para ajustar las nuevas condiciones del mecanismo a la evolución de la situación económica, y la próxima semana tendrán un nuevo encuentro para debatirla.
La salvaguarda del empleo
Además de los cambios en las bonificaciones de las cuotas sociales a las empresas, que tanto el ministro Escrivá como la titular de Economía, Nadia Calviño, defienden que primen a los trabajadores que se reincorporen a la actividad y no —como hasta ahora— a quienes continúen con el empleo suspendido, el otro gran punto de fricción entre el Ejecutivo y los agentes sociales volverá a ser la cláusula de salvaguarda del empleo.
Cabe recordar que suprimirla o, en su defecto, flexibilizar la exigencia de mantener el empleo durante los seis meses siguientes a la conclusión del ERTE (el contador se pone a cero con cada nueva prórroga) ha sido el caballo de batalla de la patronal en cada negociación. Sin embargo, su pretensión vuelve a encontrarse con la negativa de la ministra de Trabajo.
El Defensor del Pueblo pide simplificar la gestión de los ERTE
En su informe anual se hace eco de las numerosas quejas recibidas
Pese a que en la anterior prórroga ya se simplificaron bastante los trámites para acogerse a un ERTE, parece que aún no lo suficiente. El Defensor del Pueblo ha pedido a la Secretaría de Estado de Empleo y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) simplificar «todo lo posible» la gestión de las prestaciones y ayudas ofrecidas ante las elevadas quejas recibidas, particularmente en lo referido a la protección extraordinaria de ERTE.
En su informe anual correspondiente al año 2020 esta institución alerta de las numerosas quejas por problemas para contactar con el SEPE vía telefónica o a través de su página web y por «la tardanza excesiva» en asignar fecha en casos de solicitud de cita previa virtual.
También por la gestión de los ERTE, sobre todo por las dificultades para acceder telemáticamente a la tramitación de la solicitud, por el retraso en el reconocimiento y abono de prestaciones y por errores en la cuantía o en la indebida extinción de la prestación.
Recuerda que se abrieron actuaciones ante la secretaría de Estado de Empleo, formulando recomendaciones para la mejora de la gestión de los ERTE y de la comunicación con el SEPE. «La respuesta fue positiva», señala, pese a admitir la «enorme dificultad para materializar en la práctica esas mejoras mientras perdure la enorme carga de trabajo y la inevitable insuficiencia a corto plazo de los medios humanos y técnicos disponibles por el SEPE».
