El desfase será menos del temido porque la demanda de los domésticos, que pagan más peajes, subirá un 6%
Las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno para luchar contra el coronavirus han provocado un parón sin precedentes en la economía y el consiguiente hundimiento de la demanda eléctrica. El panorama ha reavivado el temor a un nuevo déficit de tarifa: un desfase entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico que, entre los años 2000 y 2013, generó una deuda total para el consumidor superior a los 29.000 millones de euros.
La hipoteca, que se financia en la factura de la luz, aún suma 16.000 millones a fin de 2019. A partir de 2013, tras la polémica reforma del Gobierno del PP, el sistema generó un superávit de casi 1.700 millones, de los cuales aún siguen en la caja algo más de 1.000 millones.
Sin embargo, ventajas y circunstancias normativas y el hecho de que el Gobierno haya decidido asumir vía Presupuestos del Estado las medidas tarifarias de shock que ha aprobado en apoyo de los consumidores, pymes y autónomos afectados por la crisis sanitaria (con una pérdida de ingresos que el Ministerio para la Transición Ecológica calcula en 37 millones de euros) van a evitar el gran agujero que, a priori, se teme en el sector.
Según cálculos de expertos consultados, suponiendo que el estado de alarma, decretado el 14 de marzo, dure tres meses, el desfase entre costes e ingresos del sistema eléctrico se situaría este año en unos 200 millones de euros por la menor recaudación por impuestos energéticos. Fundamentalmente el del 7% que tributan por sus ventas todas las generadoras, cuya producción anual caerá de 270 TWh a 265 TWh y la recaudación, de 2.500 a 2.300 millones.
Poco o mucho, queda descartado que el Gobierno, en plena recesión, vaya a aprobar subidas de peajes para cubrir el desfase, por lo que recurriría a la titulización de la deuda, como en el pasado.
Teniendo en cuenta que, por el lado de los ingresos, el sistema se abastece mayormente de los peajes de acceso que pagan los usuarios (la mitad, un término fijo, y la otra mitad, según el consumo), de los citados tributos, que incluyen también el canon hidráulico y de una parte de los ingresos que el Estado recauda por las subastas de derechos de emisión de CO2, bien se podría pensar que estas partidas se desplomarán y con ellas los ingresos del sistema.
Sin embargo, señalan los expertos, la caída de ingresos por peajes no irá pareja al descenso de la demanda energética (un 20% desde el decreto de estado de alarma), ya que mientras la demanda empresarial se derrumba, sube la de los hogares por el confinamiento de los ciudadanos. Según las previsiones de este análisis, en el conjunto del ejercicio la demanda doméstica subirá un 6% frente a la caída de la industrial en un 15%.
Y aunque el consumo doméstico representa un 40% del total, frente al 60% de la industrial, los primeros pagan muchos más peajes que los segundos, lo que compensará los ingresos. Además, dado que el término fijo supone la mitad del peaje y el de energía, por el consumo, la otra mitad, el descenso de este tampoco haría tanta mella.
Respecto a los derechos de emisión, el hundimiento del precio, que ha bajado de 25 euros por tonelada de CO2 a 16 euros, es una mala noticia para el Gobierno, que preveía recaudar este año 1.200 millones por esta vía y solo ingresará 750 millones.
Sin embargo, tampoco esta caída va a afectar al sistema eléctrico (salvo un cambio normativo), ya que el Estado solo está obligado a transferirle hasta 450 millones anuales sobre lo recaudado. Un nivel de transferencia obligatoria que, según las previsiones, se podrá cumplir.
Y si este es el panorama desde el lado de los ingresos, por el de los costes la situación tampoco es tan sombría como se podría vislumbrar. Entre los costes del sistema están los llamados cargos (partidas como los incentivos a las renovables o la amortización de la deuda eléctrica) y los activos puramente regulados, como las redes de distribución y el transporte.
En el caso de las renovables, este año (el primero de su nuevo periodo regulatorio) no se les revisa la retribución por opración (RO), algo que se hará al tercer año de dicho periodo, y sí se revisa la tasa financiera (Rinv), o variación del precio del gas (por la cogeneración), que beneficia al sistema pues el precio ha caído.
Por otra parte, los peajes eléctricos que rigen este año (los aprobados para 2019 y que fueron prorrogados a falta de la preceptiva metodología de cargos, que el ministerio debe aprobar) se elaboraron teniendo en cuenta un precio del pool a retribuir de 54 euros/MWh, cuando la cotización de este mercado se sitúa ahora en poco más de 30 euros/MWh antes de la crisis. Una diferencia en el haber del sistema.
EL ESTADO ASUMIRÁ LAS MEDIDAS ANTICRISIS
El sistema se enfrenta este año a un nuevo déficit de tarifa y lo hace sin colchón ya que, a la vista de la evolución de las liquidaciones del sistema, 2019 cerrará con un desfase que se comería los 1.000 millones que quedan en la hucha del sistema. Si no se cumplieran las estimaciones, parte del déficit de 2020 podría cubrirse con la caja.
Por el momento, parte del coste de las medidas en favor de los usuarios eléctricos (también del agua y el gas) correrán a cargo de los Presupuestos o de las comercializadoras. Estas medidas, incluidas en el RDL del 31 de marzo, son la extensión del bono social a colectivos afectados por la crisis; el aplazamiento del pago de las facturas; la posibilidad de que las pymes se bajen la potencia sin coste, y la prohibición de cortar el suministro.
El coste de la ampliación del bono de la tarifa (23 millones, según la memoria económica del RDL) correrá a cargo de las comercializadoras, que pueden repercutirlo a los clientes; el aplazamiento del cobro, por su parte, podrá ser financiado por las empresas con el aval del Estado, por lo que si se produce morosidad al final del periodo de aplicación de la medida, la eléctrica puede ejecutar el aval. El Estado asumirá también la pérdida de ingresos del sistema (37 millones) por bajadas de potencia, pero solo durante el estado de alarma.
