El discurso de las empresas contra la subida tributaria se ha ido moderando a medida que Nadia Calviño desactivaba a Unidas-Podemos en Trabajo
La tirantez verbal que se impuso entre las grandes empresas españolas y el gobierno de Pedro Sánchez tras las elecciones del 10-N se relaja, a medida que los empresariarios están logrando retornar al punto de partida previo a la cita electoral en lo que a la reforma laboral se refiere. A cambio, la subida de impuestos se queda y da la impresión que desde el IBEX ya la ven solo como un mal menor si Nadia Calviño consigue desactivar la derogación que quiere Podemos.
Tras el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, la CEOE y su presidente, Antonio Garamendi, comenzaron una campaña a favor de la no derogación con el aviso del impacto que tendría sobre la creación de puestos de trabajo. Tres meses después del pacto del 12N, el acercamiento entre el nuevo ejecutivo y los empresarios parece cada vez más evidente.
Tras aceptar sin un exceso de polémica la subida del SMI a 950 euros – supervisada por la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz– la gran empresa abre una nueva etapa, en la que parece que son más flexibles ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Uno de estos guiños lo podría haber hecho el pasado viernes el presidente de Mapfre, Antonio Huertas. Durante la presentación de resultados de 2019, el primer ejecutivo del grupo señaló queestá orgullosa de su aportación a la sociedad vía impuestos -destacó que abonó 324 millones el año pasado-, y, preguntado sobre la posible subida de impuestos que se avecina en España, señaló que asumirán “lo que corresponda”.
Yendo algo más allá, Huertas también puso esta misma reflexión sobre la futura tasa Tobin, que el Gobierno ha adelantado que espera poner en marcha lo más pronto posible para acelerar la recaudación, y que iría fuera del paquete de medidas impositivas incluidas en el proyecto de Presupuestos. Huertas señaló que Mapfre pagaría lo que le correspondiera sin ninguna duda ni ánimo de crítica. Aunque, en principio, este impuesto se aplicaría a los intermediarios financieros, es previsible que estos trasladen el coste a sus clientes y la aseguradora es activa en el mercado de valores español, ya que el sector invierte sus carteras.
El único punto en materia impositiva que parece que todavía causa recelo entre los pactados entre el PSOE y Unidas-Podemos es el que se pretende cargar sobre los beneficios importados desde filiales, y que eliminaría las exenciones totales. En este caso, Huertas sí que se situó al lado de otro de sus colegas de la OCDE, Ana Botín, al señalar que compartía la idea de que no era razonable pagar dos veces por lo mismo.
La propia presidenta del Banco Santander, no obstante, también ha rebajado el tono sobre esta medida impositiva, respecto a la que poco después de la primera investidura de Pedro Sánchez en 2018 tenía el consejero delegado del banco, José Antonio Álvarez. Entonces, el segundo ejecutivo del primer banco español inclusó abrió la puerta a replantear la estructura del grupo ante una reforma tan negativa, sobre la que han llegado a advertir de sus riesgos a los inversores.
De la derogación de la reforma, al despido solo por bajas por enfermedad
El paso atrás de la gran empresa, sin embargo, también ha requerido de un compromiso público de que los puntos que se vayan derogando serán moderados. El incremento de los ERE empezaba a ser un motivo de preocupación para un gobierno, que acaba de incrementar sus estimaciones de paro. Y ahí ha tenido que dar la cara Nadia Calviño, que ha comprometido su palabra contra la de Podemos. El estreno de Yolanda Díaz al frente el ministerio de Trabajo, con su promesa de “revertir” la reforma laboral, había reabierto el miedo. Desde varios organismos -el último el Fondo Monetario Internacional– se advertía del riesgo que pudieran tener cambios significativos sin un análisis previo. Y Moody’s fue el primero en advertir que anular la reforma laboral era un riesgo para el rating.
Durante la temporada de resultados, la banca ha mantenido un discurso unánime en este sentido -que Antonio Huertas también sostuvo este miércoles- instando a que se valoraran los pasos a dar antes de ejecutar. Los empresarios no se cierran a cambios, pero estudiados previamente. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, insistió en que con la reforma se habían creado tres millones de empleos en España, en un gesto para que los pasos atrás estuvieran medidos y pensados.
El punto álgido a esa oleada de peticiones vino con la entrevista del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en Financial Times hace pocos días, elevando el debate sobre el impacto de la derogación fuera de nuestras fronteras.
Este movimiento exigía también una respuesta internacional, que dio el gobierno de Pedro Sánchez a través de Nadia Calviño en el mismo soporte que el gobernador. La ministra de Economía templaba los ánimos y aseguraba que la reforma se haría con diálogo y equilibrio. “Queremos reforzar este diálogo social para asegurarnos de que cualquier reforma es equilibrada, no pone en peligro la creación de puestos de trabajo y (perdura) durante años”, señaló al diario económico.
Este martes, tras el consejo de Ministros, también daba la misma visión ante la prensa española y no se comprometía a ninguna fecha. Por ahora, solo avanzaba que se aprobará la derogación del despido por absentismo en bajas médicas. Sobre el resto de supuestos -que Unidas-Podemos ya quería poner sobre la mesa- Calviño adelantó que se crearán comisiones para estudiarlas y no se pilló los dedos sobre el cuándo.
Por si acaso, la ministra de Trabajo, ya ha querido acelerar el tiempo, y no perderle el pulso a Calviño, y ha adelantado que el próximo martes el consejo de ministros validará la norma para derogar el despido por problemas médicos.
