El «no» definitivo de los empresarios fuerza una subida unilateral de forma «inminente»
No por sabido y esperado, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha llevado un duro chasco –el primero desde que tomó posesión– tras volver a recibir una rotunda negativa por parte de la patronal a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) este año. «Nuestra postura es la misma desde el principio, un no a una subida porque no lo permiten las condiciones económicas», se defiende la patronal. Por ello, la ministra ya confirmó ayer que su disposición es «conseguir un acuerdo con los sindicatos», aunque advirtió que debe contar con el visto bueno de Moncloa y de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que reiteró ayer su disposición a apoyarlo, pero desde la «mesura» y en el «último trimestre», no para septiembre como pretendía Díaz. La decisión «no está en esta parte de la coalición, sino en la parte mayoritaria del Gobierno», insistió la titular de Trabajo, dejando la pelota en el tejado del presidente Sánchez y de Calviño.
Desde Valencia, donde acudió para reunirse con el presidente regional, Ximo Puig, señaló directamente a los empresarios de «inmovilismo» y de «negarse a negociar», pese a que han mostrado total disposición a hablar del SMI de 2022 y 2023. «Han entrado pidiendo la congelación del SMI este año y salen pidiendo cero euros. Yo creo que eso no es negociar, es otra cosa».
La patronal CEOE ha negado estas acusaciones y reiteró ayer a este diario que «no se puede subir porque no se dan las circunstancias para ello. No somos inmovilistas, es que no es posible este año. Además, nos hemos mostrado dispuestos a hablar de ello en 2022. Pero ahora no toca». Los sindicatos se mantienen en que el SMI suba en línea con los precios, entre 25 y 30 euros, este año, aunque se han mostrado flexibles a una rebaja si se rubrica que los sueldos básicos lleguen al tope de los 1.000 euros en 2022. Sin embargo, advierten de que se puede abrir una brecha difícil de cerrar de cara a posteriores negociaciones aún en marcha en el diálogo social, como la prórroga de los ERTE o la reforma de las pensiones, e incluso el SMI de los dos próximos años para conseguir que alcance el 60% del salario medio.
Según fuentes ministeriales, esta subida se hará de forma «inminente» y podría incluirse en el orden del día del Consejo de Ministros de la semana que viene si se pacta la fecha de aplicación, con carácter retroactivo en septiembre o se aplica solo en el último trimestre –algo que ha enfrentado en varias ocasiones a Calviño y Díaz pero que parece que será en octubre– y la cuantía final. En la última oferta, desde Trabajo se mostraron dispuestos a que este incremento no superara los 10 euros, aunque tras el no de CEOE podrían haber vuelto a los 15.