Bruselas ‘aprieta’ a Sánchez con la reforma de las pensiones y del mercado laboral para recibir los fondos europeos

  • Los países deberán cumplir las recomendaciones comunitarias para 2019 y 2020
  • La Comisión señaló a España por las pensiones y la contratación indefinida
  • Sánchez mantenía que el principal requisito sería tener nuevos Presupuestos

España no tendrá tan fácil acceder a los fondos europeos para la reconstrucción tras el coronavirus. Aunque ya se descontaba que el país tendría que presentar proyectos sólidos y sostenibles para recibir las ayudas, la Comisión Europea (CE) ha publicado recientemente una guía con recomendaciones para los Estados a la hora de solicitar los fondos. El texto deja un mensaje claro: los países deben cumplir las recomendaciones específicas anuales que hacen los técnicos de Bruselas a cada Estado miembro, poniendo especial énfasis en las de 2019 y 2020.

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En esta suerte de manual, el Ejecutivo comunitario explicita cómo solicitar y utilizar los 672.500 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el principal pilar del fondo Next Generation EU de 750.000 millones de euros aprobado en julio. De estos 672.500 millones, 360.000 millones se darán en préstamos y 312.500 millones en subvenciones a fondo perdido, de los cuales a España le corresponderían unos 60.000 millones -el grueso de los 72.000 millones a fondo perdido del total de 140.000 millones que recibirá el país-.

“Los planes de recuperación y capacidad de recuperación de los Estados Miembros deberían abordar los retos de política económica establecidos en las recomendaciones específicas para cada país de los últimos años y, en particular, en los ciclos de 2019 y 2020. Los planes también deberían permitir a los Estados miembros aumentar su potencial de crecimiento económico, la creación de empleo y la capacidad de recuperación económica y social, y hacer frente a las transiciones ecológica y digital”, sostiene la Comisión en la misma nota.

Esto se traduce en que, a la hora de recibir esos 60.000 millones citados, España debe atender a las recomendaciones que le hizo la Comisión para este ejercicio y el anterior. Para 2020 el Ejecutivo comunitario ha instado a España a aplicar medidas efectivas contra la pandemia, proteger el empleo, reforzar el sistema sanitario y avanzar en burocracia y en asuntos como coordinación de niveles de Gobierno y licitaciones públicas.

El calendario que marca la Comisión

Sin embargo, son las recomendaciones para 2019 las que ponen en un mayor brete al Gobierno de Pedro Sánchez. Para ese ejercicio, Bruselas pidió a España garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y favorecer la transición hacia contratos indefinidos en el mercado laboral. También se llamó mejorar el apoyo a las familias y a resolver las deficiencias en el sistema de asistencia al desempleo.

El Ejecutivo comunitario ha dictaminado que los diferentes países podrán enviar sus planes y proyectos desde el 1 de enero al 30 de abril de 2021, si bien les conmina a mandar los primeros borradores el próximo 15 de octubre, junto con sus proyectos de cuentas públicas para el año siguiente. La intención es que estos borradores se discutan y se negocien. No se contempla, en cualquier caso, que los fondos lleguen a los países de “mediados de 2021”, según los cálculos comunitarios más optimistas.

Otra variable a tener en cuenta es que el Parlamento Europeo tiene que votar el fondo y los eurodiputados tienen sus propias demandas. Desde la Eurocámara piden ensanchar el presupuesto plurianual de la UE y por ello proponen votarlo por separado del fondo de recuperación. Sin embargo, desde el Consejo Europeo se prefiere hacerlo en un mismo paquete, lo que complica las cosas. 

Más allá de las habituales dilaciones burocráticas europeas, es evidente el escaso límite temporal del Gobierno de coalición para acometer unas reformas de calado que se han ido aplazando año tras año. En lo relativo a la sostenibilidad del sistema de pensiones, el Pacto de Toledo se encuentra encallado ante la inestabilidad política y a la espera de que el ministro de Seguridad Social consiga darle impulso. Por el momento, José Luis Escrivá ha propuesto endurecer las jubilaciones anticipadas, pero el Ejecutivo necesitará en el Congreso un consenso que se antoja difícil. La amenaza de un aumento progresivo de las prestaciones con nuevas bolsas de pensionistas sigue ahí.

En lo relativo al mercado laboral, la Comisión Europea ha constatado repetidas veces los escasos avances de España en el aumento de la contratación indefinida. La vigilancia de Bruselas se agudiza, además, en un momento en el que PSOE y Unidas Podemos intentan desmontar pieza a pieza una reforma laboral que Bruselas ve más prudente no desguazar, apreciando, por ejemplo, más beneficios en los convenios de empresa que en los sectoriales.

Hasta ahora el mantra repetido por Sánchez ha sido que España necesitaba unos Presupuestos para 2021 fruto del consenso político para recibir las ayudas europeas. El presidente llegó a decir en el Senado que la nueva prórroga de las vigentes cuentas de 2018 pondría en riesgo la recepción de estos fondos. Un extremo que enseguida fue desmentido por Bruselas, aclarando la Comisión que se trata de “dos procesos separados” la confección de las cuentas por un lado y la de los planes de recuperación por otro. Desde el PSOE se insistía este verano en que el acuerdo del Consejo Europeo para el fondo no se recogía “ninguna condición” que impida derogar las reformas laborales y de pensiones “impuestas” por el PP. 

Además de respetar las recomendaciones de los técnicos comunitarios en ejercicios anteriores, el Ejecutivo europeo “recomienda encarecidamente” invertir en áreas ligadas a las transiciones ecológica y digital, en particular en tecnologías limpias, el uso de renovables, la mejora de la eficiencia energética de edificios públicos y privados, la promoción del transporte sostenible y accesible, la instalación de puntos de recarga para vehículos o la ampliación de las redes de transporte público.

Igualmente, llama a los países a impulsar el despliegue de Internet de banda ancha en todas las regiones, incluida la fibra y el 5G, el desarrollo de procesadores de última generación o la adaptación de los sistemas educativos para apoyar las habilidades digitales y la educación profesional.

Vía: https://www.eleconomista.es