- El coste para las arcas del Estado se situaría en entre los 625 y 650 millones de euros
- La incidencia de bajas en los autónomos es cuatro veces menor que en asalariados
Desde que el pasado mes de noviembre el Gobierno rechazó por completo implantar el IVA franquiciado para las empresas y los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anualmente –unos 770.000 en España–, desde ATA han intentado dar la vuelta a la situación de diferentes formas. Y es que, desde la patronal aseguran que la implantación ahorraría unos 660 euros de media al año a cada autónomo.
El IVA franquiciado, que se aprobó en la Unión Europea, permite a los empresarios más pequeños no incluir el IVA en sus facturas y, por tanto, quedar así exentos de presentar la liquidación trimestral y anual del impuesto, lo que les permitiría un ahorro de tiempo en tareas administrativas que podrían dedicar al desarrollo de su actividad empresarial.
Desde la ATA señalan que la liberación de presentar declaraciones periódicas del IVA y de llevar una contabilidad específica para este impuesto supondría un ahorro directo estimado en 25 euros mensuales, lo que equivale a 300 euros anuales por autónomo –aquí se tienen en cuenta los gastos en software y asesoría–. A estos 300 euros se suma que un autónomo dedica una media de dos horas mensuales –con un coste de 15 euros por hora– a tareas como la recopilación de facturas y tickets, se estima el ahorro anual sería de otros 360 euros cada ejercicio, por lo que el ahorro anual concluye en 660 euros de media por cada trabajador por cuenta propia.
Si se extrapola esa cifra a los 770.000 autónomos y pequeños empresarios en España que podrían acogerse a la exención del IVA franquiciado, da como resultado un coste de 508,2 millones de euros para el colectivo total de autónomos.
En la misma línea, el Gabinete de Estudios de ATA ha calculado el coste que supondría para las arcas del Estado la aplicación de la liberación del IVA a pymes y autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. Como resultado, el Ejecutivo dejaría de percibir entre 625 y 650 millones de euros anuales.
Uno de los principales motivos por los que la patronal de autónomos reclama la exención del IVA para pequeños empresarios es por la desventaja competitiva que supone frente a los homólogos europeos. Mientras países como Francia o Italia permiten a aquellos que facturan menos de 85.000 euros no no incluir el IVA en sus facturas y, por tanto, no tener que presentarlo trimestralmente, los autónomos españoles tienen que hacer frente a un proceso burocrático que le supone un coste económico que no puede repercutir en mejorar otros aspectos de su empresa.
Todo ello, en un contexto en el que hasta un 93% de trabajadores por cuenta propia percibe que en el último año ha habido un incremento de las trabajas burocráticas y administrativas. Además, según el barómetro Cierre 2025. Perspectivas 2026 que elabora la patronal, algunas de las principales reclamaciones que realizan los autónomos para este año son la aplicación del IVA franquiciado, la exención de la cuota durante las bajas por enfermedad –ya que en ese periodo de tiempo no reciben el 100% de su base reguladora y tienen que hacer frente al pago de la cotización–, y una reducción de las declaraciones fiscales.
Denuncia ante Europa
Una de las medidas que ha tomado patronal más representativa de los autónomos para tratar de revocar la decisión de España fue interponer una denuncia contra España ante la Comisión Europea porque, según ATA, el incumplimiento que recoge la Directiva europea vulnera los principios de efectividad, no discriminación, proporcionalidad, seguridad jurídica, competencia leal y libertad de establecimiento. La asociación recuerda que el Ejecutivo debió de transponer esta medida antes del 31 de diciembre de 2024 para que entrara en vigor el 1 de enero de 2025.
El Gobierno, por su parte, dio su veredicto final sobre el rechazo a sacar adelante esta medida en diciembre a través de una enmienda incorporada al proyecto de ley que modifica varias normas tributarias y regula la fiscalidad de las criptomonedas. En el texto señaló que la medida de la Directiva europea para eximir del IVA a pymes y autónomos es “una opción” que el legislador español ha optado por no incorporar. De modo que pretenden que solo puedan acogerse a este sistema aquellos profesionales que realicen ventas a otros países de la UE por menos de 100.000 euros al año.
